Con una gran convocatoria, este evento contó con la participación de los destacados panelistas Rodrigo Aldoney (abogado penalista), Verónica Morales (directora de empresas) y Rodrigo Hinzpeter (director de empresas), moderado por Roberto Guerrero (director del Centro de Gobierno Corporativo UC), quienes conversaron sobre cómo la nueva normativa de delitos económicos afectará el gobierno corporativo de las empresas.
Rodrigo Aldoney destacó los cambios significativos introducidos por la ley, especialmente en el nuevo régimen de penas para directores y gerentes, que por su severidad carece de parangón en el derecho comparado. Para los directores es especialmente relevante nueva circunstancia agravante muy calificada que los afectará por su posición jerárquica superior en la organización y que determina que cualquier pena de presidio o reclusión se aplique en su grado máximo. Luego, Rodrigo analizó críticamente el nuevo delito de acuerdos abusivos en la Ley de Sociedades Anónimas y los nuevos desafíos que enfrentarán las empresas en el refuerzo de su modelo de prevención de delitos de personas jurídicas.
Posteriormente, Verónica Morales y Rodrigo Hinzpeter reflexionaron sobre las implicancias para las empresas. Verónica advirtió que la promulgación de esta ley incrementa de manera sustancial los riesgos a los que se enfrentan los directores, limitando su capacidad de tomar decisiones empresariales y enfocando su atención en la “protección del valor” en lugar de la “generación de valor”, lo cual obstaculiza el aprovechamiento pleno del potencial de las empresas. Verónica concluyó señalando que considera que la educación es clave para que las empresas estén preparadas y que los directorios pueden establecer comités ad-hoc y revisar las matrices de riesgo como parte de su respuesta.
Rodrigo Hinzpeter realizó una reflexión crítica acerca de los aspectos problemáticos de la ley, que no consideran el desarrollo del derecho comercial en la materia. Los jueces penales no están llamados a revisar las decisiones complejas de negocios que toman los directores en cumplimiento de su mandato fiduciario de administración. En efecto, Chile no se cuenta con una protección similar a la regla del juicio de negocio que ha sido ampliamente desarrollada en los Estados Unidos y que está presente en otras jurisdicciones. Esta situación resulta sumamente desafiante para los directores, que deberán compatibilizar la toma de decisiones de negocios riesgosas con el blindaje jurídico y técnico de la decisión, lo que implica posibles reacciones conservadoras y costos adicionales que no necesariamente tienen un correlato en la creación de valor a largo plazo de la compañía.
Finalizando, Roberto Guerrero señaló que el consenso general es que la nueva norma implicará un cambio significativo en el funcionamiento de los directorios y que es necesario que los directores se preparen ante la inminente promulgación y publicación de la norma, capacitándose sobre estos nuevos riesgos de la función de director y generando un proceso de toma de decisiones con mayor cautela y respaldo.