Roberto Guerrero V.

Director del Centro de Gobierno Corporativo UC

La ley de delitos económicos recientemente aprobada por el Congreso Nacional deja a los accionistas controladores, y a todos los que son parte de la alta administración de una empresa, expuestos a un régimen sancionatorio criminal y excepcional.

La profesión de dirigir empresas se encuentra bajo sospecha y, por lo tanto, es objeto de las más altas sanciones que el derecho puede imponer. Y no tan solo en cuestiones relativas a delitos ya tipificados, como las estafas, los fraudes, el uso de información privilegiada, la colusión contraria a la libre competencia y tantos otros que requerían una sistematización normativa, sino también en relación con la toma de decisiones de índole cotidiano.

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